domingo, 5 de septiembre de 2010

La AUH reduce los niveles de desigualdad social en más de un 30% en todo el país

La implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) logró la reducción del Indice de Gini, que se utiliza para medir la pobreza, de 51,4 a 42,1 puntos este año. Los beneficios cualitativos del plan que mejora la vida de más de 3.680.000 de chicos argentinos.

Un poco más de dinero entre los pobres e indigentes, más niños vacunados y más niños en las escuelas. Esa podría ser una pintura desapasionada del impacto de la Asignación Universal por Hijo en sus primeros nueve meses de vida. Pero si esa descripción se pusiera en números habría que decir que hay 3.680.000 chicos que tienen una cobertura que antes no tenían, que reciben en total $9.211 millones al año que se utilizan centralmente para su alimentación y vestimenta, y que ese dinero termina robusteciendo el mercado interno. Habría que precisar, además, que junto con la suba de las asignaciones familiares, de las jubilaciones y del salario mínimo representa el 1,2% del Producto Bruto Interno sobre la demanda agregada.
Según los datos que maneja la Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía, la indigencia cayó un 50% y la pobreza se redujo un tercio respecto de los niveles de diciembre del 2009. Para entenderlo más claramente: 1,5 millones de personas que antes no podían cubrir los requisitos mínimos de alimentación abandonaron la indigencia y un número similar de habitantes dejaron de ser pobres. Ese fue el impacto del cambio de planes sociales por esta nueva cobertura, que además amplió su alcance.
Ése, avanzar en un camino de reducción de la pobreza y la indigencia, fue el eje central de la política de asignación universal, que busca hacer pie entre los más necesitados. Al mismo tiempo, se busca preparar mejor a esos niños para su futuro cercano: allí está la explicación de por qué uno de los requisitos para percibir la asistencia es concurrir a la escuela y tener al día los controles médicos. Por esas mismas razones, el Gobierno no cuenta entre sus planes extender el beneficio -que pasó de 180 a 220 pesos y de 720 a 880 pesos para discapacitados a fin de julio pasado- más allá de los sectores más desprotegidos.

Los laureles. Entre quienes pueden acceder a la asignación universal se encuentran los hijos de menos de 18 años de los desocupados o trabajadores informales, cuyos patrones no le garantizan la obra social ni aportan a su futura jubilación. También los hijos de quienes tienen el Monotributo social.
Para poder cobrar la ayuda estatal es necesario tener el documento nacional de identidad, residir en el país, ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal, y figurar en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que aporta una parte de los fondos para el sostenimiento de la medida, la otra porción llega a través del Banco Mundial (que redireccionó los fondos destinados a los antiguos planes sociales). Para cobrarlo hay que presentar certificados de vacunación, asistencia a la escuela y de controles sanitarios.
La idea, que se lanzó en octubre por decreto y comenzó a implementarse en noviembre pasado, generó una polémica sobre sus orígenes. Lo que estaba en disputa no era tanto el programa sino los laureles. Algunos dirigentes de la oposición parecieron retomar el viejo lamento socialista sobre el robo de sus propuestas por parte del presidente Juan Domingo Perón.
Más allá del copyright, como bien señaló el economista Andrés Asiaín (Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas-Madres de Plaza de Mayo), la idea de un ingreso independiente del trabajo tiene un parecido importante al proyecto de "renta básica universal" o "ingreso ciudadano" que promueven varias ONG e intelectuales europeos.
"En la Argentina desembarcó de la mano de la desindustrialización menemista y cobró fuerza tras la salida de la convertibilidad cuando la tasa de desempleo llegó a superar el 20% y la pobreza cubría a más de la mitad de los argentinos. La propuesta de un Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), motorizada por la CTA y que llegó a juntar casi tres millones de adherentes en diciembre del 2001, es el primer antecedente de instrumentación para su aplicación en el país", reseñó Asiaín.
La propuesta llegó a la plataforma del ARI, que lideraba Elisa Carrió, en los días en que denunciaba la fuga ilegal de capitales, que incluía al actual diputado y titular de la comisión de Finanzas de la Cámara baja, Alfonso Prat Gay, entre los denunciados.
Pero la disputa no sólo fue por la autoría, también hubo quienes evaluaron que una asistencia universal terminaría colaborando con la consolidación de los niveles de desocupación. Creían que atentaba contra la visión "dignificadora" del trabajo.

Mientras tanto. Pero el programa no tuvo ese efecto temido. Tal vez allí habría que buscar las razones oficiales para limitar su alcance. "Creemos que estamos cubriendo a los sectores más vulnerables de la Argentina y aquellos sectores que no están incluidos, una de las razones puede ser la documentación y por eso estamos trabajando con el Ministerio del Interior, (es porque no están en ese grupo)", señaló el titular de la ANSES, Diego Bossio, al precisar que no se prevé extender la cobertura del beneficio.
Subrayó: "Este mes (agosto) se redujo en 28.000 chicos los que reciben la Asignación Universal por Hijo es porque aumentaron los inscriptos en Monotributo, aumentaron los inscriptos en Autónomos y aumentó el ingreso registrado. Los de empleo registrado dejaron de cobrar Asignación Universal por asignación familiar. Es una herramienta para ayudar en el mientras tanto".
Los resultados que exhibe Bossio habían comenzado a mostrarse ya en abril pasado, cuando los economistas Emmanuel Agis, Carlos Cañete y Demian Panigo analizaron el impacto de la iniciativa: "Los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 1974, resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de subsistencia)".
En su trabajo "El impacto de la asignación universal por hijo en la Argentina", señalaron que el indicador de la desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que los pobres) se redujo "más del 30%" y, según los últimos datos que manejan en el Ministerio de Economía, el Índice de Gini pasó de 51,4 a 42,1. Ese avance ubicó a la Argentina por delante de Uruguay y Venezuela en términos de la reducción de la desigualdad.
Sin embargo, en ese documento -donde se puntualizó que los "efectos sobre la pobreza fueron más moderados de los inicialmente imaginados"- se evaluó que el resultado más importante de la Asignación Universal por Hijo no es de carácter cuantitativo sino cualitativo. El cambio y el peso de esta política está en que "ha logrado que los grupos poblacionales históricamente más vulnerables (como niños, madres solteras o familias numerosas) tengan una menor probabilidad relativa de indigencia que el resto de la sociedad".
Concluyeron: "En otras palabras, luego de décadas en las cuales los beneficios sociales se focalizaban en los sub-grupos poblacionales que, ex-ante ya tenían una mayor capacidad de progresar socialmente sin apoyo del Estado, en la Argentina actual, post-AUH, el apoyo social correctamente focalizado ha logrado que los beneficios se concentren principalmente en aquellos que, sin el sostén de la sociedad en su conjunto (a través de las transferencias del Estado) tienen menos posibilidades de subsistencia".

http://www.elargentino.com/nota-105334-seccion-107-La-AUH-reduce-los-niveles-de-desigualdad-social-en-mas-de-un-30-en-todo-el-pais.html

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