El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró hoy que “desde 2003 se están resolviendo en el país históricos atrasos en materia de infraestructura penitenciaria; y la decisión de la presidenta Cristina Fernández es continuar mejorando las condiciones de detención y las oportunidades educativas y laborales de los internos”.
Fue al firmar, esta mañana, en la sede ministerial, el contrato de adjudicación de la obra de construcción del Centro Penitenciario Federal de Cuyo.
El complejo carcelario modelo tendrá 536 plazas de alojamiento que será levantado en la localidad de Cacheuta, a seis kilómetros de Luján de Cuyo y a 35 de la capital mendocina, en base a una concepción de vanguardia en materia de tratamiento de las personas privadas de su libertad.
Además anunció que el mes que viene se inaugura el penal de General Güemes, en Salta; y antes de junio se licitará el de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.
Acompañado por el gobernador mendocino Celso Jaque, Alak explicó que “el proyecto profundiza el cambio que se viene operando en el diseño y la construcción de establecimientos penitenciarios, en virtud de políticas penitenciarias que ponen el acento en la resocialización de los condenados para favorecer su reinserción en el medio libre, bajar los índices de reincidencia en el delito y, de esa manea, construir una sociedad más inclusiva y más segura”.
El funcionario enfatizó que “en materia carcelaria, los cambios estructurales y cualitativos que el Gobierno introdujo desde 2003 en el Servicio Penitenciario Federal, configuran el programa de reforma más ambicioso de los últimos sesenta años”.
“Con una inversión de casi mil millones de pesos, estamos incorporando establecimientos que prescinden de la arquitectura clásica de las prisiones para crear condiciones de alojamiento que favorecen la resocialización y ayudan a reducir los niveles de reincidencia en el delito”, destacó el ministro de Justicia.
En ese sentido, anticipó que el mes próximo la cartera a su cargo inaugurará el Complejo del Noroeste en la ciudad salteña de General Güemes, en tanto que antes de junio próximo se licitará la construcción del Complejo Federal de Condenados Agote de Mercedes (provincia de Buenos Aires).
“En conjunto -precisó Alak- son unas 2500 nuevas plazas que ratifican que el sistema penitenciario argentino sigue siendo de vanguardia y respetuoso de los derechos humanos”.
En el acto realizado hoy en la sede de la cartera de Justicia, estuvieron también el Jefe de Gabinete ministerial, Juan Martín Mena; la subsecretaria de Infraestructura Penitenciaria, Lía María; el subsecretario de Gestión Penitenciaria, Alejandro Marambio; Mario Adaro, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Mendoza; y la diputada nacional Marita Perceval.
Educación y Trabajo para la resocialización
Justicia informó que en Argentina, más del 25% de las sentencias condenatorias actuales se corresponde con casos de reincidencia. “La educación es uno de los pilares centrales para que las personas privadas de su libertad tengan, al egresar del sistema penitenciario, más y mejores oportunidades de reinsertarse en la sociedad”, señaló Julio Alak.
“La educación es, entonces, una de las políticas fundamentales que debemos profundizar para reducir la reincidencia en el delito y, de esa manera, reducir la violencia y asegurar la paz social”, enfatizó.
Alak precisó que “hoy, 5.251 internos acceden a servicios de educación formal, lo que representa, aproximadamente, el 60% de los presos federales".
Indicó que aumentó considerablemente las plazas disponibles para el trabajo: "al 31 de diciembre de 2006, había 3.260 internos afectados a actividades laborales, en tanto que al 31 de diciembre de 2009, ese número trepó a 4.472 y actualmente, tenemos 4.933 trabajadores, de los cuales 2.931 son condenados, lo que representa, aproximadamente, el 70 por ciento de los internos con sentencia firme”.
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