En estos últimos días se habló, y mucho, de la falta de inversión de YPF en la explotación petrolera, como así también del cada vez más profundo déficit comercial del país en el sector energético, que superó los 3.000 millones de dólares en 2011 (se importaron más de u$s10.000 millones en combustibles) y, como si fuese poco, las estimaciones privadas indican que este año esa cifra podría duplicarse.
En medio de esta profunda crisis de autoabastecimiento de combustibles, pasó desapercibido un dato clave: hace unos meses se descubrió que Argentina es la tercera nación en importancia mundial en yacimientos de gas no convencional, denominado “shale gas”. Y sólo es superada por China y Estados Unidos.
Esto es igual a decir que los 774 billones de pies cúbicos de este recurso que se encuentran en las entrañas del país equivalen a 509 años de reservas respecto al consumo nacional actual, según un informe de la U.S.Energy Information Administration. En buen romance, representa 22.807 millones de barriles equivalentes de petróleo, con un valor de mercado estimado superior a los u$s250.000 millones.
La siguiente infografía da cuenta del ranking:
Esta contradicción que encierra que, por un lado, se tenga la tan deseada materia prima “frente a las narices”, pero por otra parte, por ejemplo, el Gobierno haya tenido que destinar casi 2.500 millones de dólares el año pasado, a través de la estatal ENARSA, para importar combustibles, indica que, evidentemente, “algo” no se hizo bien.
En el balance comercial, se pasó de un superávit energético en 2007 de u$s4.000 millones a un déficit de u$s3.000 millones en el 2011.
Asimismo, el consumo de petróleo en la Argentina creció casi 40% entre 2003 y 2010, mientras que el de gas aumentó 25%. Aunque, en base a un informe de Barclays Capital, en ese lapso la producción de crudo habría caído un 12% y la de gas subido nada más que un 2,3 por ciento.
“Es una situación bastante paradójica: hay escasez en el corto plazo, pero existen muchas reservas que abren un futuro promisorio en el mediano y largo”, afirma Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica.
Y su optimismo crece: “El hallazgo del shale gas le da otra magnitud al país, porque es un atractivo estratégico importante que nos posicionaría a nivel global, aspecto que podría generar que se fijen precios bajos para su comercialización y muchas oportunidades en el sector para las industrias intensivas”, resume el analista a iProfesional.com.
A modo ilustrativo, este combustible no convencional es un tipo de gas que se obtiene de la perforación de la roca arcillosa por medio de la inyección a alta presión de grandes cantidades de agua y arena, que rompen la formación y liberan el hidrocarburo.
Es decir, lo que cambia respecto al gas tradicional es que su extracción es más compleja, porque requiere tecnología más sofisticada y costos de desarrollo elevados, que pueden significar el doble o triple de la inversión precisada en un pozo “normal”, según expertos consultados por este medio. Pero, técnicamente, desde su composición química, es el mismo tipo de gas, lo que cambia es el proceso con el que se extirpa.
Así, para explotar el yacimiento de “Vaca Muerta”, ubicado en la provincia de Neuquén, el más grande por lejos del país en shale oil, se necesita invertir un total inicial de 20.000 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones de Analytica.
En total, esta consultora estima que se necesitan entre 2 a 3 años, para explorar, perforar y extraer este tipo de gas. Lo que implica la mayor erogación de dinero es la infraestructura necesaria para el transporte del combustible, es decir, las tuberías, pero es importante resaltar que no se requiere una planta especial de refinamiento, tal como ocurre con el petróleo.
De hecho, Antonio Brufau, el presidente de Repsol, enfatizó que “Vaca Muerta” constituye “la oportunidad para soportar desde el punto de vista energético el desarrollo económico de Argentina”.
La nueva clave de la política energética
Como dato clave, se debe destacar que los yacimientos de los recursos naturales pertenecen al Estado argentino, no a la empresa licenciataria que los explota.
El monto que se necesita para explotar el yacimiento de shale oil a nivel local es de tal magnitud que, sea cual fuere la composición societaria que finalmente tenga YPF, lo que es seguro es que se necesitará de inversiones extranjeras.
Quizás por ello, y por la elevada inversión que implica la exploración, extracción y producción, la pregunta a realizarse es: ¿Tiene sentido que el Gobierno ponga plata para ser el accionista mayoritario de una empresa?
La respuesta la brinda el ex secretario de Energía Alieto Guadagni, que afirma a iProfesional.com: “Este tipo de actividad tiene mucho riesgo geológico. El grueso de la inversión energética que necesita el país deberían ir a exploración y desarrollo, que es donde se concentra el gasto. Así que el Estado debería meditar muy bien dónde va a poner los recursos, si va a comprar papeles o si va a acrecentar sus activos físicos”.
Y agrega que: “Mientras se discute qué porción se ocupará de YPF, en los 3 o 4 años siguientes se deberá importar cada vez más petróleo. Y justamente el problema más grave de todos es el gas, porque en el 2011 uno de cada 5 unidades utilizadas eran importadas. Pero en los próximos años se importarán 2 y se producirán 3 unidades”.
Para colmo, apostar al “shale oil” también cobra importancia estratégica porque existen pocos países del mundo donde el gas implique más del 50 por ciento del consumo total de energía, como ocurre con Argentina. “En el mundo, el gas es el 25 por ciento del total de lo que utiliza cada país”, dice Guadagni.
Daniel Montamat, otro ex secretario de Energía, opina algo similar: “Se debería desarrollar el gas no convencional. De acá a 6 u 8 años se puede resolver el problema en el que estamos”, le asegura a iProfesional.com.
En ello coincide Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda y consultor experto en servicios públicos regulados, ya que también piensa que: “El problema es que no alcanza con aumentar la inversión en las áreas que le fueron revocadas a Repsol, sino que hay que poner a producir los yacimientos no tradicionales, y eso es muy caro”.
Por eso, la gran pregunta es saber, mientras el Gobierno dilucida en cuánto participará en YPF, quién va a invertir.
Socio capitalista se busca
En consecuencia, la condición que señalan los expertos como requisito para captar estos desembolsos es un nuevo marco normativo, que torne atractivo el “hundimiento” de recursos. Y las críticas apuntan a la incertidumbre generada por los cambios en las reglas de juego.
“La recuperación se hace con planes energéticos, no con cambios en el paquete accionario”, sostiene la senadora María Eugenia Estenssoro, hija del fallecido presidente de YPF, José Estenssoro.
Y, más específicamente, los reclamos apuntan a un sinceramiento tarifario, dado que el actual esquema es visto por los analistas como el principal escollo para la llegada de grandes jugadores del mercado global.
Destacan que mientras el barril de petróleo supera los 100 dólares en el mundo, a las petroleras argentinas se les paga 70 dólares cuando lo venden en el mercado interno, o sólo u$s42 si lo quieren exportar. En cuanto al gas, mientras el precio de importación desde Bolivia es de 10 dólares por millón de BTU, en el mercado interno se paga 3 dólares.
“El único camino disponible es el sinceramiento del precio local de la energía, terminar con el despropósito de que paguemos los combustibles a precios inviables a nivel internacional”, afirma el economista Federico Muñoz, que califica la situación de los últimos años como de “populismo energético”.
A diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, la asociación con capitales privados ya no parece presentar escollos desde el punto de vista ideológico. De hecho, el esquema de gestión que parece contar con el consenso es el “modelo Petrobras”, que implica la participación mixta en la propiedad accionaria y la asociación con grandes petroleras internacionales para todas las áreas de explotación.
El primer gran debate había ocurrido en los años ’50, cuando el entonces presidente Juan Perón decidió abrir las puertas a las inversiones extranjeras, ante la constatación de que el país tenía una dependencia cada vez mayor de las importaciones energéticas.
La asociación con capitales internacionales alcanzaría un fuerte desarrollo a comienzos de los años ’60, con la presidencia de Arturo Frondizi. De todas formas, lo que nunca había estado en discusión era la propiedad de YPF, que funcionaba bajo órbita estatal.
El esquema tuvo su primera alteración importante cuando en los años ’90 la empresa se transformó en una sociedad anónima y abrió su capital a la bolsa. El Estado, si bien retuvo una porción minoritaria de las acciones, mantuvo el control de la gestión, dado que el capital restante estaba atomizado entre pequeños tenedores.
El desembarco de Repsol se produjo en 1999, en medio de un fuerte debate.
“El centro de las decisiones estratégicas pasó entonces de Buenos Aires a Madrid, y las inversiones quedaron relegadas. Una agresiva política de distribución de dividendos fue necesaria para saldar las deudas contraídas por la española en el proceso de adquisición”, destaca Delgado, de Analytica.
